La crisis en los centros penitenciarios

Todos somos conscientes que la crisis ha calado en todas las capas de la sociedad, sobre todo en aquellas más desfavorecidas. Pero hay ocasiones que ciertas medidas conllevan consecuencias que quizás nos pasan desapercibidas por aparecer a medio o largo plazo y en áreas sociales poco conocidas.

En concreto hablo de la reducción de las prestaciones económicas de los trabajadores del ámbito penitenciario al cogerse bajas por enfermedad. Este hecho, que parecedería que sólo afectase a dichos profesionales, tiene mayores consecuencias. Actualmente, y mirando que el sueldo a fin de mes no se vea mermado, muchos de los compañeros asisten a su lugar de trabajo con síntomas evidentes de gripe, por poner un ejemplo cotidiano. No pueden rendir como quisieran pero siguen relacionándose con los internos, individuos que en muchas ocasiones tienen el sistema inmunológico reducido y que pueden desarrollar un cuadro médico complejo. Este hecho no se ha tenido en cuenta, seguramente porque a los que recortan, poco les importan las personas a las que acompañamos día tras día.

Otro recorte que afecta nuestro ámbito es la reducción en la cantidad y calidad de la comida que se da a los internos. En las últimas semanas estamos detectando en muchos de ellos una pérdida evidente de peso, hecho que sumado a las condiciones físicas que presentan, no hace presagiar nada bueno. Si sumamos a esto lotes de higiene personal escasos, nos encontramos con un problema de salud mucho más complejo. ¿Quién diría que en pleno siglo XXI, en Europa, aparecerían brotes de sarna? Pues en alguno de nuestros centros ha sucedido. ¿Quién podría pensar que enfermedades controladas como la tuberculosis, aún tienen su espacio en nuestro ámbito?

No se trata de recortes banales; no sólo vemos que el presupuesto para cubrir desperfectos o dotar de materiales es cero sino que en el día a día, las condiciones en las que miles de personas viven empeoran. No pretendo victimizar a personas que han cometido delitos, siendo consciente que actualmente mucha gente está pasando situaciones extremas, pero estos individuos también forman parte de nuestra sociedad y cada vez más se ven abocados a seguir con la vida delictiva si no se ponen medios que lo remedien. 

Más: se han reducido las partidas presupuestarias médicas que afectan a personas con VIH, Hepatitis... etc. Los recursos sociales externos que daban apoyo a estas personas en la calle se han reducido drásticamente hasta el punto de no tener entidades concertadas; los medios que tenemos a nuestro alcance para reducir la reincidencia se ha quedado en la buena voluntad de los profesionales, personas que cada día miran de automotivarse pero que no obtienen, por parte de la jerarquía, más que tareas nuevas, procedimientos caducos y nulo refuerzo.

Y como apunta una de mis compañeras en los comentarios, las salidas programadas (es decir, aquellas en que los internos empiezan a tener contacto con el mundo externo acompañados de profesionales) se tienen que realizar andando ya que no existe presupuesto ni para billetes de metro, tren y mucho menos gasolina. ¿En qué condiciones saldrán aquellos que pasen 8, 10 o 15 años sin pisar la calle? ¿Qué índice de comisión de nuevos delitos, nuevas víctimas y más gasto judicial conllevará todo esto?

¿Alguien ha previsto a medio plazo, las consecuencias que tendrán estos "ajustes"? ¿Alguien ha previsto que la incidencia de los delitos contra la propiedad (robos, algunos con fuerza e intimidación, robos en casas habitadas) y delitos contra la sanidad pública (tráfico de drogas) aumentarán? ¿Alguien será capaz de asumir esta responsabilidad? Es evidente que los que trabajamos en este ámbito somos conscientes de todo ello pero a pesar de las quejas, las reclamaciones y los recursos presentados, la realidad se resiste a cambiar.