La crisis en los centros penitenciarios

Todos somos conscientes que la crisis ha calado en todas las capas de la sociedad, sobre todo en aquellas más desfavorecidas. Pero hay ocasiones que ciertas medidas conllevan consecuencias que quizás nos pasan desapercibidas por aparecer a medio o largo plazo y en áreas sociales poco conocidas.

En concreto hablo de la reducción de las prestaciones económicas de los trabajadores del ámbito penitenciario al cogerse bajas por enfermedad. Este hecho, que parecedería que sólo afectase a dichos profesionales, tiene mayores consecuencias. Actualmente, y mirando que el sueldo a fin de mes no se vea mermado, muchos de los compañeros asisten a su lugar de trabajo con síntomas evidentes de gripe, por poner un ejemplo cotidiano. No pueden rendir como quisieran pero siguen relacionándose con los internos, individuos que en muchas ocasiones tienen el sistema inmunológico reducido y que pueden desarrollar un cuadro médico complejo. Este hecho no se ha tenido en cuenta, seguramente porque a los que recortan, poco les importan las personas a las que acompañamos día tras día.

Otro recorte que afecta nuestro ámbito es la reducción en la cantidad y calidad de la comida que se da a los internos. En las últimas semanas estamos detectando en muchos de ellos una pérdida evidente de peso, hecho que sumado a las condiciones físicas que presentan, no hace presagiar nada bueno. Si sumamos a esto lotes de higiene personal escasos, nos encontramos con un problema de salud mucho más complejo. ¿Quién diría que en pleno siglo XXI, en Europa, aparecerían brotes de sarna? Pues en alguno de nuestros centros ha sucedido. ¿Quién podría pensar que enfermedades controladas como la tuberculosis, aún tienen su espacio en nuestro ámbito?

No se trata de recortes banales; no sólo vemos que el presupuesto para cubrir desperfectos o dotar de materiales es cero sino que en el día a día, las condiciones en las que miles de personas viven empeoran. No pretendo victimizar a personas que han cometido delitos, siendo consciente que actualmente mucha gente está pasando situaciones extremas, pero estos individuos también forman parte de nuestra sociedad y cada vez más se ven abocados a seguir con la vida delictiva si no se ponen medios que lo remedien. 

Más: se han reducido las partidas presupuestarias médicas que afectan a personas con VIH, Hepatitis... etc. Los recursos sociales externos que daban apoyo a estas personas en la calle se han reducido drásticamente hasta el punto de no tener entidades concertadas; los medios que tenemos a nuestro alcance para reducir la reincidencia se ha quedado en la buena voluntad de los profesionales, personas que cada día miran de automotivarse pero que no obtienen, por parte de la jerarquía, más que tareas nuevas, procedimientos caducos y nulo refuerzo.

Y como apunta una de mis compañeras en los comentarios, las salidas programadas (es decir, aquellas en que los internos empiezan a tener contacto con el mundo externo acompañados de profesionales) se tienen que realizar andando ya que no existe presupuesto ni para billetes de metro, tren y mucho menos gasolina. ¿En qué condiciones saldrán aquellos que pasen 8, 10 o 15 años sin pisar la calle? ¿Qué índice de comisión de nuevos delitos, nuevas víctimas y más gasto judicial conllevará todo esto?

¿Alguien ha previsto a medio plazo, las consecuencias que tendrán estos "ajustes"? ¿Alguien ha previsto que la incidencia de los delitos contra la propiedad (robos, algunos con fuerza e intimidación, robos en casas habitadas) y delitos contra la sanidad pública (tráfico de drogas) aumentarán? ¿Alguien será capaz de asumir esta responsabilidad? Es evidente que los que trabajamos en este ámbito somos conscientes de todo ello pero a pesar de las quejas, las reclamaciones y los recursos presentados, la realidad se resiste a cambiar.

La prisión permanente revisable

Con el alud de noticias sobre deshaucios, crisis económica, posibles independencias, elecciones americanas y corrupción, una noticia ha pasado casi casi desapercibida en los diferentes medios de comunicación. Hablo de la prisión permanente revisable, una medida que pone en jaque al sistema penitenciario y que afecta, aunque de diferente forma, a los agentes sociales del ámbito de la justicia. Nos recuerda mucho, pero mucho, a la cadena perpetua estadounidense pero aquí la nomenclatura varía y parece que sea otra cosa...

Esta medida es un paso más en el que ya es el Código Penal más duro de la democracia en uno de los países con mayor población reclusa. Está previsto que se aplique aproximadamente en el plazo de un año pero... ¿Está el sistema penitenciario preparado para tener a una persona el resto de su vida? ¿Se trata de una medida populista "que responde a un clamor popular" más que una medida eficaz? ¿Qué opinan los expertos en el tema? Algunos, aunque sea desde la realidad de México, afirman que creen en la readaptación pero no en la cárcel. Eso implica que quizás la prisión no es LA solución a todo ni debería ser la primera medida a aplicar. ¿Se ha consultado con expertos criminólogos?

Bien es cierto que se prevé que si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento. Ese momento aún está por decidir, pero el plazo mínimo de permanencia en prisión (antes del cual no se podrá revisar la condena) estará “entre los 25 y los 35 años”, dependiendo del tipo de delito y de si es uno o varios cometidos conjuntamente. ¿En qué condiciones saldrá una persona después de 30 años  de prisión? ¿Hemos tenido en cuenta que ese individuo habrá perdido todo contacto con la sociedad? ¿Se ha pensado en lo que la rabia, impotencia, soledad puede generar en un individuo cuando sea puesto en libertad? ¿No será peor el remedio que la enfermedad?

Por otro lado, ¿cómo sabemos si el preso está reinsertado? ¿Quién lo determinará? ¿Qué elementos tendremos para valorarlo? Creo que estos aspectos aún quedan en el aire, aunque Ruiz-Gallardón apuntó a que sería el tribunal sentenciador quien decidiría. Él mismo ha ido modificando la tipología delictiva susceptible de recibir este tipo de castigo (porque no se le puede llamar de otra manera); en un principio se hablaba de terrorismo, después se amplió a casos de homicidio, genocidio... etc pero poco después también habló de asesinato con agravante. Poco a poco, los posibles casos donde podrían ser aplicados la prisión permanente revisable han ido aumentando y sospecho que de aquí a un año serán algunos más los afectados.

Otro aspecto que me preocupa, especialmente como educadora social, es el tipo de tratamiento que deberán seguir en prisión. ¿Qué motivación tendrá una persona privada de libertad a sabiendas que su caso no se revisará en 25 años? ¿Qué tipo de seguimiento educativo se puede llevar a cabo en estas circunstancias? Parece que hay opciones a que se revise de oficio cada dos o a petición del reo, pero, una vez más, este aspecto está pendiente de determinar.

Y si hablamos de coste económico, pensemos en lo que la sociedad debe aportar al sistema penitenciario con este tipo de medidas: será necesaria la creación de nuevos centros penitenciarios o módulos especiales para ubicar a estos internos y mantenerlos durante todos estos años (comida, servicio médico, funcionarios de vigilancia, personal de tratamiento, servicios...). ¿No sería mejor destinar ese dinero a medidas preventivas, de mediación y recursos alternativos para los delitos menores, que son la mayoría de los que están cumpliendo condena? ¿No sería más efectivo ofrecer opciones más terapéuticas al mayor sector poblacional reclusa?

Por las cuestiones hasta ahora planteadas, llego a la conclusión que, efectivamente, nos encontramos frente a una medida populista, nada reflexionada y poco consensuada con expertos en criminología, que podrían ofrecernos un punto de vista más amplio y objetivo sobre la materia.

"No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio" Albert Camus

Desde hace algunas semanas voy leyendo algunas noticias (cada vez menos breves, esporádicas y puntuales) entorno al fenómeno del suicidio. Algunas noticias ahondan en el mero espectáculo, como el de aquella persona que primero mata para después quitarse la vida. Muchos estudios se hacen eco de este fenómeno (los más recientes del 2007) pero pocos medios de comunicación explican los casos y se sensibilizan con el tema. Uno de los últimos que se ha conocido es el de Marián, una celadora que se tiró de la 9ª planta del hospital donde trabajaba, tras recibir una alta médica forzosa. Otro más mediático ha sido el de la exconcejala Amaia Egaña, que se tiró de un cuarto piso cuando iba a ser deshauciada. De estos casos, desgraciadamente, han aparecido muchos en los medios de comunicación.

¿Somos conscientes que, debido a la crisis, los índices de suicidio han aumentado exponencialmente? Bien es cierto que la correlación entre ambos factores no está demostrada estadísticamente, como nos informa el Blog de Raskólnikov pero es evidente que la cifra ha aumentado en los últimos meses de forma preocupante. Uno que se ha elaborado sobre la población reclusa estadounidense también señala este aspecto. Otras noticias procedentes de Grecia nos indica que ha aumentado un 37% los suicidios desde el inicio de la crisis y aquí en España ya se empieza a detectar esa correlación.

En la actualidad, ésta es la primera causa externa de defunción en España. ¿Qué papel debemos jugar los agentes sociales respecto a este tema? ¿Sabemos cómo actuar frente a personas que expresan ese deseo? ¿Tenemos las herramientas necesarias para darnos cuenta de las señales que muestran un peligro a corto o medio plazo? ¿Es lo mismo si hablamos de adolescentes que de adultos? ¿Y de hombres y mujeres? Personalmente tengo muy poca información al respecto (por no hablar de la nula formación recibida) y es difícil encontrar mensajes claros sobre el tema en la red. Uno de los más completos es el elaborado por la Junta de Andalucía. Otros materiales proceden de EEUU, siendo a veces difícil la extrapolación a otras realidades.

Se han tenido que disparar mucho las cifras para que el Congreso finalmente, el 6 de noviembre, plantee la la prevención de los suicidios como una tarea urgente. ¿Se concretarán en acciones reales o será un papel más que coja polvo en una estantería? ¿Hay una conciencia clara de las implicaciones de este fenómeno? ¿Se podrá abordar eficazmente esta tendencia al alza cuando hay un pacto de silencio alrededor del suicidio? Algunos profesionales que trabajan directamente con estos casos afirman que "la sociedad busca referencias en forma de personas, de planes y de líderes que sepan salir de esta situación y no los encuentran" (Doctor José Antonio Lozano @Dr_JoseA_Lozano), otros afirman que "el suicidio no es cuestión de valentía o cobardía, es cuestión de desesperación"; otros lo abordan desde el campo de la psiquiatría, mediante lo que se conoce como "autopsia psicológica" y otros destacan estudios donde se determina que los adultos con trastorno mental grave, victimas de abuso sexual infantil, presentan el doble de tentativas. En este sentido, la detección precoz ayuda a reducir los intentos de suicidio en pacientes con psicosis. También se baraja la influencia de presiones como el bullying, anorexia, desestructuración familiar o ciberbullying.

Ciertamente se detecta un aumento de estudios que inciden en el suicidio desde diferentes puntos de vista, como el que relaciona inmigración y tendencias suicidas en jóvenes, suicidio e internet o el efecto imitación. También se empiezan a tener en cuenta las diferencias culturales, como en China, donde las campesinas se suicidan 3 veces más que las que viven en las ciudades por la inexistencia de redes de asistencia social. En este país, un 50% de los suicidios se comete después de dos horas de consideración y otro 37% tras unos minutos. Y si comparamos su realidad con la nuestra, vemos que en China sólo el 63% de los suicidas sufre enfermedades mentales, mientras que en Occidente la cifra se eleva al 90%. Allí precisamente se han dado cuenta del problema que representa las elevadas cifras de suicidios y por eso proyectan un plan nacional para evitar 50.000 suicidios al año.

Un ejemplo de cómo se pueden incentivar valores que favorecen conductas suicidas en adolescentes se puede apreciar en este vídeo de Informe Semanal. Las cifras hablan por sí mismas...

'Informe Semanal': Corea del Sur: prohibido fracasar

• "Corea del Sur: prohibido fracasar"

Y no sólo se habla de suicidio en reportajes de investigación sino que se ha llegado a convertir en el argumento de una novela que indaga en el suicidio como la enfermedad más común del futuro.

Eso me lleva a preguntarme... ¿cómo gestionamos el componente ético del suicidio? Me refiero a nuestra actitud frente a una persona que voluntariamente decide quitarse la vida y que, para ella, tiene motivos más que suficientes. ¿Cómo nos posicionamos? ¿Qué podemos aportarle para que tome la decisión final? ¿Qué sucede después de evitarlo? (si es que lo conseguimos) ¿Lo mejor es que desista de su intención? ¿A qué precio? 

Queridos lectores, la polémica está servida...

P.D: en el listado de comentarios aparecen noticias y enlaces de interés relacionados con el tema. Son artículos y reflexiones recientes aparecidos en redes sociales como Twitter... El visibilizar esta realidad es el primer paso para trabajar en ella.

Menos educadores = más conflicto y reincidencia

Es evidente que un colectivo como el de los/as educadores/as sociales no podemos quedarnos al margen de la terrible situación socioeconómica que vive nuestro país. Y por una doble vertiente: por un lado porque afecta de lleno en nuestros usuarios que ven deteriorada su calidad de vida; por otro porque nuestro propios puestos de trabajo están en entredicho y pendiente de un hilo.

A tenor del artículo publicado en Huelva Información, la reducción de la plantilla de tratamiento en las prisiones, "conllevará un aumento de la conflictividad a nivel interno, y a nivel externo un notable aumento de la reincidencia". Este hecho parece banal y alarmista pero unos recortes de este tipo ya están produciendo un deterioro importante de nuestras funciones, un desgaste sobreacentuado y un déficit en la calidad de los programas que se llevan a cabo. Y esta realidad no se produce sólo en el Centro Penitenciario de Huelva, sinó que se extiende a otros penales.

Aplaudiendo los recortes 

Los y las educadores/as sociales, por compromiso social y profesional, seguimos luchando por un reconocimiento de nuestro trabajo y de los derechos de nuestros educandos, entendiendo que perjudicar a colectivos vinculados al ya desaparecido Estado del Bienestar sólo conlleva pobreza, mayor exclusión social y un aumento de la conflictividad social.

Aquellos/as diputados/as que aplaudieron los últimos recortes anunciados seguro que son conscientes del paso al abismo a la que nos están condenando y seguro que tienen las herramientas necesarias para evitarlo. Pero supongo que no serán ellos los que acaben robando en un supermercado o pidiendo no salir de prisión porque no tienen donde ir. Quizás un paseo exhaustivo por algunas de nuestras cárceles y algunas entrevistas con familiares de internos/as presos/as, les hace ver la realidad que están provocando. Sólo así, quizás, se les remueve algo llamado "conciencia".

Prisión y medidas alternativas

A raíz de una entrada, Rasty Black Sheep me sugirió unas cuestiones en un comentario y pensé que lo mejor era elaborar una entrada con mi punto de vista.

Una de las ideas que me llamó la atención fue la definición de centro penitenciario como "espacio perturbador de las desigualdades". Particularmente opino que precisamente el ámbito penitenciario pone a todo el mundo en la misma situación: desde los internos que han cometido delitos contra la libertad sexual como aquellos que han cometido atracos a bancos o robando al descuido. Dentro de una prisión todos/as ellos/as pasan a ser internos/as y tratados de la misma manera. Otra cosa es que determinados personajes públicos, cometiendo delitos mayores, eludan la prisión gracias a sus influencias... pero eso se nos escapa.

Otra pregunta iba destinada a valorar otras alternativas al encierro. Particularmente considero que la prisión debería ser la última opción y no la primera a la hora de castigar una conducta y procurar que no se repita. Esta opinión viene fundamentada por los estudios sobre mediación, donde queda evidenciado que otras vías que miren de evitar la encarcelación son bienvenidas. El hecho de realizar trabajos en beneficio de la comunidad, reparar el daño cometido o asistir a cursos especializados son otros caminos útiles.

Pero no todos pueden acceder a este tipo de alternativas ni creo que fueran válidas para según qué delitos. Una persona que comete delitos contra las personas no puede reparar el daño tan fácilmente y necesitará de más ayuda que otro que haya ocasionado daños en el mobiliario urbano. Determinados perfiles de internos deben pasar un tiempo en prisión, por el bien de ellos y de la propia sociedad. No en pocos casos nos encontramos con individuos y familiares que nos comentan que de no haber entrado en prisión, la persona hubiese aparecido muerta en cualquier parque de nuestras poblaciones.

Pero está claro que desde el momento del juicio, se deberían valorar otras opciones antes que la prisión, sobre todo en aquellos casos de delitos contra la propiedad, delitos contra la seguridad del tránsito, delitos donde la drogadicción haya tenido un papel básico y cuando el transgresor de la norma no supera cierta edad. El hecho de relacionarse con internos/as con más experiencia delictiva y con valores más institucionalizados, no le ayudará a rehacer su vida como ciudadano de pleno derecho; este tipo de influencias (24h al día) puede determinar un futuro desadaptativo a las normas y, por tanto, una mayor dificultad a la hora de reintegrarse en la sociedad. Aquí un vídeo donde son los propios chavales lo que explican su experiencia en la mediación.

¿Soy la única que opina así de la prisión? Afortunadamente no pero el sistema jurídico se basa en el encarcelamiento como pena base. En el momento que el juez dictamina prisión se desentiende del caso y puede seguir con otros juicios. Cuando se determina una medida alternativa, el juez debe ir siguiendo la evolución del/la infractor/a, solicitando informes periódicamente sobre el cumplimiento de la medida y tomando decisiones según sean éstos. Este hecho implica una sobrecarga en el sistema penal que no es asumible por muchos magistrados.

Esperemos que políticos, agentes sociales y sistema jurídico opten cada vez más por otras vías antes que la cárcel. Se optimizarían recursos, se reduciría la reincidencia, bajaría la densidad de población penitenciaria y estaríamos frente a un escenario totalmente distinto al actual.